CUANDO EL INTERES ECONOMICO PRIMA SOBRE EL SENTIDO COMUN

En Abril del 2006, con representación del Dr. JOSE PABLO DURAN GOMEZ, instauramos una demanda judicial que busca presionar la realización de estudios que permitan comprender, anticipar y mitigar, hasta donde ello es posible, los efectos mecánicos, ambientales, sociales y sobre la salud pública que tienen la producción y combustión de agrocombustibles. Los fenómenos no bien comprendidos y peor aún, ignorados o minusvalorados, asociados a ellos plantean una serie de cuestionamientos que han motivado recientes y enérgicos pronunciamientos de científicos, autoridades ambientales y de organizaciones como la FAO, el BANCO MUNDIAL, la ONU, La Unión Europea y un importante numero de organizaciones ambientalistas y de protección de los derechos humanos en todo el mundo.

A pesar de haber aportado varios estudios de reconocidos científicos nacionales e internacionales que demuestran los riesgos asociados al uso de biocombustibles, sumados a los que aparecen todos los días en todo el mundo, la Juez MATILDE LEMOS SANMARTIN, ex-Juez Quinta Administrativa de Bogotá, aduciendo "insuficiencia de pruebas," negó la solicitud de los estudios requeridos en nuestra demanda ignorando el principio de precaución y los mecanismos legales de los que pudo disponer para documentar mejor su fallo, algo obligatorio cuando lo que se debate es tan importante para la ciudadanía y el país, algo que también aplica para muchos otros países latinoamericanos.

Parece que la Honorable Juez no lee periódicos ni escucha noticias o que prefiere ignorarlas. Si bien estos elementos no constituyen pruebas como tales, son, por lo menos, un indicio claro de que los agrocombustibles no son tan buenos como nos quieren hacer creer. Curiosamente nuestra demanda fue la última fallada por Lemos Sanmartin antes de ser ascendida al cargo de Magistrada del Tribunal Administrativo del Departamento de Arauca, coincidencia que nos deja muy mal sabor.

En Colombia hubo solamente 2 estudios con 8 automóviles, los que de todas maneras muestran que el etanol aumenta unas y produce otras nuevas emisiones, además de dañar algunos componentes mecánicos, especialmente en los carros de carburador que son más de la mitad de la flota vehicular colombiana, documentos que sí constituyen una prueba sólida de que hay aspectos oscuros que se deben analizar.

Resulta paradójico que mientras países como Alemania, calificados fabricantes de automóviles, deciden disminuir la proporción de etanol que mezclarán del 10 al 7% debido a los daños que ocasiona a los vehículos y aplazan hasta el año 2009 su entrada, en Colombia se acelera el proceso a tal punto que para el año 2012 la mezcla será de mínimo el 20%, cantidad que empezará siendo del 12% en el periodo 2009-2010. No hay en Colombia vehículos que puedan soportar estas mezclas, y aún si los nuevos se fabricaran con las especificaciones requeridas, nada se dice sobre lo que le sucederá, mecánicamente, a los casi 5 millones de vehículos que hoy circulan por el país, muestra clara del grado de improvisación y de irresponsabilidad existente al respecto. Es el poder de las malas ideas convertidas en grandes negocios.

La Secretaria de Salud de Bogota reportó en el 2007 un incremento de mas de 1700 casos registrados y atendidos de Enfermedad Respiratoria Aguda, ERA, en niños menores de 5 años, solamente en Bogotá, con relación al 2006, ligado, probablemente, al aumento en la concentración de ozono troposférico producido por la mayor volatilidad de la gasolina mezclada con etanol, que lleva al ambiente una mayor cantidad de Compuestos Orgánicos Volátiles, COVs, que, mediante reacciones fotoquímicas, producen este y otros contaminantes peligrosos para la salud, como el ozono, el acetaldehído y los óxidos de nitrógeno.


Este incremento, alrededor del 6% comparado con el 2006, es con seguridad mucho mayor si se toma en cuenta que muchos de los afectados no tienen acceso al sistema de seguridad social y por eso son casos de morbi-mortalidad no registrados. También es necesario incluir otros grupos de riesgo como los ancianos y aquellos que ya padecen enfermedades respiratorias, análisis que deben hacerse en todo el país, de manera muy cuidadosa. El cambio climático y el calentamiento global no pueden ser las únicas y mágicas explicaciones para este fenómeno; el gobierno colombiano está obligado a hacer todo lo técnica y humanamente posible para controlar esta situación.

El encarecimiento de los alimentos, a lo que Colombia no escapa aunque el gobierno pretenda lo contrario, es solo la punta visible del iceberg, quizás el efecto más doloroso por su inmediatez e impacto, de unos problemas que de no estudiarse y controlarse como pedimos, pueden tener en el futuro inmediato consecuencias muy graves como ya ocurre en Malasia, tercer aportante de CO2 del mundo por cuenta, en gran medida, del monocultivo de palma africana.

Nada de esto se menciona en los medios de comunicación colombianos, ni sobre la imposición de un sello de calidad ambiental impuesto por la UE a las exportaciones de aceite de palma colombiano debido a los negativos efectos ambientales producidos por la tala y la quema que se realizan para sembrar caña y palma africana, el desplazamiento, los bajos salarios y las difíciles condiciones en que trabajan los campesinos empleados, los crímenes cometidos para apropiarse de las tierras, con la excepción de un aviso pagado en el que se nos presenta el sello de calidad ambiental exigido por la UE como una generosa dadiva de los industriales de la palma.

Desafortunadamente hay muchas más consecuencias indeseadas; en el mediano y largo plazo podemos esperar más desplazamiento y asesinato de campesinos, cambios en el uso de la tierra, desertificación, contaminación de aguas y suelos, dependencia económica y tecnológica, empobrecimiento de grandes grupos de población, concentración de tierras en manos de grupos económicos y corporaciones, severo daño ecológico debido al uso intensivo de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, para mencionar solo algunas de las muchas consecuencias indeseadas de este “boom.”

El etanol contiene un tercio menos de energía que la gasolina, por lo tanto los vehículos recorren menos kilómetros por galón, sin embargo se gastan 800 galones de agua por cada uno producido de este agrocombustible. La búsqueda de nuevas fuentes de energía es necesaria, pero no podemos simplemente cambiar unos contaminantes por otros, corriendo el riesgo de crear problemas más serios que los que se pretende resolver. Todos los esfuerzos para comprender de manera integral las consecuencias del uso de agrocombustibles son necesarios y urgentes.


No cejaremos en nuestro empeño de exigir que las cosas se hagan con sentido social y humano, no únicamente comercial como esta ocurriendo en Colombia. Los agrocombustibles deben ser vistos como una solución parcial y temporal, no como una panacea. No consideramos aceptable la omisión de estudios serios y concluyentes en aras de la protección de intereses económicos que difícilmente beneficiarán a personas distintas a los dueños del negocio; apelaremos a todas las instancias posibles en Colombia y en el exterior para presionar la aplicación del principio de precaución que nos proteja a nosotros y a las generaciones venideras de daños que podrían resultar irreparables y excesivamente costosos en términos ambientales y de salud publica.

El país debe ser advertido con toda claridad de las consecuencias, buenas y malas, de la producción y combustión de agrocombustibles y el gobierno está obligado a tomar todas las medidas necesarias para comprender con el máximo detalle posible los efectos que a mediano y largo plazo veremos y padeceremos, si es que insiste tercamente en pintarnos un idílico mundo lleno de pajaritos y no establece desde ya los controles necesarios.